Tenemos que abrir un debate político inaplazable: la Iglesia Católica debe autofinanciarse.

No es un tema nuevo. Lleva décadas entre el ideario político y ético de muchos ciudadanos, pero quizás nunca ha sido una prioridad o quizás nunca ha sido posible abordarlo a fondo.

Y ahora creo que es el momento de planteárselo en serio a la cúpula de la Iglesia Católica: debemos encaminarnos al precepto constitucional que afirma la laicidad del Estado español y que recoge el propio concordato con la Santa Sede. La Iglesia Católica debe dejar de depender de los impuestos de los españoles.

Desde el lado laico de este pensamiento colectivo es conocido sobradamente el argumentario sobre el que sustentar la afirmación de cese de financiación, directa o encubierta, de la Iglesia Católica. Pero desde el pensamiento cristiano también existen argumentos a tener en cuenta para proponer la suspensión y eliminación del concordato con la Santa Sede: una Iglesia no puede ser del todo libre si depende económicamente de subvenciones oficiales; una Iglesia no puede acometer su fin primigenio, la evangelización, si anda más ocupada en hacer política para asegurarse la financiación que en su labor pastoral, evangelizadora o asistencial, como predica su credo; una Iglesia, moralmente, no puede cargar contra la mano que le da de comer, porque tarde o temprano -y yo creo que ha llegado el momento- esa mano deja de traer comida hastiada de tanto bocado; y finalmente, una Iglesia no puede pecar diariamente contra su doctrina por defender política y públicamente con argumentos falaces e hirientes, o de forma poco caritativa, una línea política que muchos de sus fieles no sólo no comparten si no que además condenan, con el único fin de mantener vivas sus doctrinas morales más discutidas, su influencia en el sistema educativo español y sus finanzas, abandonando y dificultando con su actitud prepotente y doctrinariamente beligerante su labor pastoral y caritativa-asistencial.

Por ello apuesto por que se abra un debate a fondo sobre la necesidad de liberar a la Iglesia Católica española del yugo que suponen los millones de euros que los españoles no católicos practicantes nos vemos obligados a abonarle, de forma directa o a través de subvenciones encubiertas, por un contrato draconiano que muchos no firmamos. Ahora es un buen momento, ¿no creen?